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COVID-19: El Grupo Social ONCE, con la discapacidad en América Latina ante la pandemia

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El Grupo Social ONCE, presente en el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ayudará a impulsar una serie de medidas concretas para que la crisis sanitaria internacional provocada por el avance del COVID-19 no excluya a los 90 millones de iberoamericanos con discapacidad.

En este sentido, los países miembro de este Programa han impulsado una declaración conjunta en la que consideran relevante adoptar las medidas indispensables para brindar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad durante la crisis, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, y se comprometen a colaborar en su implementación. Esta serie de iniciativas deben contemplar, entre otras:

  • Información en formatos y medios accesibles, incluida la lengua de signos, el braille o la lectura fácil.
  • Apoyos para el acceso a los servicios de salud, así como para su vida cotidiana, en particular en los casos de confinamiento forzado.
  • Asegurar que durante las medidas de confinamiento tanto estudiantes como trabajadores/as con discapacidad cuenten con las condiciones para mantener sus actividades en igualdad de condiciones.
  • Garantizar que los servicios de primera necesidad también sean accesibles, incluyendo el transporte, la sanidad, la alimentación, la limpieza y desinfección de los entornos en que se encuentren.
  • Establecer servicios específicos para atender necesidades sobrevenidas a causa de las medidas de confinamiento o restricciones a la circulación que pueden afectar a la población con discapacidad.
  • Prestar especial atención a las niñas y mujeres con discapacidad, así como a los colectivos de personas con discapacidad en situaciones menos favorables como personas desplazadas, migrantes, refugiadas, de pueblos originarios, rurales, y víctimas de conflictos.

En la declaración también reconocen la labor del personal sanitario, de seguridad, de transporte, distribución y demás colectivos, incluyendo a trabajadores y trabajadoras con discapacidad, que están prestando sus servicios profesionales indispensables durante la crisis, a quienes también instan a prestar especial atención a las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos.

Por ello, desde el Programa Iberoamericano de Personas con Discapacidad se impulsarán planes específicos dirigidos a las personas con discapacidad, a sus familias, a sus redes de apoyo y a las organizaciones que las representan, y se comprometen a desplegar una acción coordinada entre los países miembros para mitigar los efectos en la población con discapacidad.

Programa Iberoamericano Discapacidad

El Programa Iberoamericano de Discapacidad fue adoptado por la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (La Antigua, Guatemala, Noviembre 2018) con el objetivo de contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de programas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La iniciativa está presidida por Ecuador mientras que la unidad técnica corre a cargo del Grupo Social ONCE. Actualmente forman parte del Programa: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay.

Entre sus objetivos está consolidar un sistema de recopilación y gestión de datos sobre las personas con discapacidad; garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento igualitario ante la ley a todas las personas con discapacidad; garantizar el acceso, permanencia y éxito en el sistema general de educación, inclusivo en todos los niveles y respetuoso de la identidad cultural de la comunidad sorda; garantizar el goce pleno de los derechos laborales y sindicales de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado; fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad; y garantizar el derecho a la salud a las personas con discapacidad y mejorando el acceso a los servicios de promoción, prevención y atención especializada permanente y prioritaria.

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