En Argentina, el juego está regulado por el Estado desde 1893, con una carga impositiva muy importante que es el modelo a seguir por países de Latinoamérica y del mundo.
- Todo impuesto al juego oficial a nivel nacional favorece el crecimiento del juego ilegal/clandestino, al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado.
- Todo impuesto al juego oficial a nivel nacional atenta contra las facultades constitucionales de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por cuanto es una atribución de las mismas que no se han delegado al Gobierno Nacional.
- Todo impuesto al juego oficial a nivel nacional afecta directamente a las economías locales ya que reduce los ingresos que las provincias y la CABA obtienen de los juegos de azar a través de los entes reguladores en la materia, en sus jurisdicciones respectivas. Y disminuye, en consecuencia, los fondos que se destinan a asistencia social, en cada una de las provincias y la CABA.
La Constitución Nacional en su art. 121, establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Los juegos de azar forman parte de los poderes no delegados por las provincias.
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) no se opone a la adopción de medidas a fin de controlar el juego ilegal, por el contrario, es público el trabajo de los organismos reguladores en ese sentido, incluso junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Pero sí advierte que elevar el impuesto sobre el juego legal online y en la forma propuesta no es el camino adecuado cuando la mayoría de las jurisdicciones de Argentina han comenzado a regularlo, ante una demanda acelerada por la pandemia, el ASPO y el cierre de las salas de juegos.
Asimismo, la creación de un “Registro de Control online del Sistema de Apuestas” destinado a cumplir con la verificación y fiscalización de los sujetos vinculados a la explotación de juegos de azar y/o apuestas desarrollados a través de cualquier tipo de plataforma digital, para lo cual serían facultados como autoridades de aplicación diversos organismos nacionales, deja por fuera a los organismos reguladores de los juegos de azar nucleados en ALEA.
El juego oficial en Argentina genera fuentes de trabajo para 240.000 personas, de las cuales 150.000 pertenecen a las Salas de Juego, 65.000 a las Agencias Oficiales y otras 25.000 a los organismos reguladores y empresas prestadoras de servicios, además, de quienes se desempeñan en numerosos sectores económicos como turismo, construcción, gastronomía, transporte, tecnología, seguridad, publicidad, entre otros.
Los actores privados del sector, desde las Agencias Oficiales (24.970 en todo el país), la actividad del turf en general, hasta los concesionarios de Salas de Juegos y Casinos, efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por las respectivas leyes nacionales, provinciales y municipales, como sector de la economía formal. Por contratos y licitaciones preexistentes, son obligados a aportar cánones, tasas y comisiones; y a realizar inversiones en turismo, entretenimientos y asistencia social, en general.
En oposición, el juego clandestino no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes.
ALEA está a disposición para la búsqueda de soluciones.
