En la Argentina, desde el 20 de marzo, los institutos de loterías de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cesaron sus actividades cumpliendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
En la semana previa, tras la declaración del COVID-19 como pandemia por la Organización de Mundial de Salud, seguido del decreto de emergencia pública en materia sanitaria en la Argentina, la Junta Directiva de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) suspendió las actividades presenciales, mientras se implementaban medidas prevención y aislamiento en los institutos de lotería, agencias y salas de juego de todas las jurisdicciones.
“Somos conscientes de que debemos cuidarnos entre todos y de que cada acción individual es fundamental para, en conjunto, prevenir el contagio del coronavirus. También sabemos que necesitamos la presencia del Estado hoy más que nunca. Por eso, adherimos al pedido de Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones de Loterías, Quinielas y Afines (FACALQA), junto a sus cámaras asociadas, que solicita que las agencias de juego sean categorizadas como PyME”, afirma ALEA en un comunicado.
La actividad de las Agencias Oficiales de Juego no está incluida dentro del universo de PyME, conforme lo dispuesto en la ley Nº24467 y modificatorias, bajo Resolución Nº340 del 11/08/2017, consecuentemente, no pueden acceder a los beneficios que el Estado argentino ha otorgado a las pequeñas y mediana empresas en este contexto de aislamiento obligatorio. “Si se las incluyera, se podría minimizar el impacto recesivo y los efectos de la suspensión total de la actividad de comercialización de juegos. Porque la cuarentena obligatoria empeora la situación no resuelta previamente y la agrava aún más”.
Las 23.000 agencias distribuidas en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no son empresas concesionarias de juego, son pequeños comercios que tributan como autónomos. Constituyen un eslabón fundamental del juego oficial porque son sus puntos de venta, por eso, sostenerlas ante su eventual cierre, significa defender la red de juego legal y evitar la proliferación del clandestino e ilegal.
El juego legal permite el control y prevención del lavado de activos, posibilita la implementación de programas de juego responsable y genera recursos legítimos que, a través del propio Estado, son destinados al bienestar de cada una de las comunidades donde esa actividad comercial se desarrolla.
Ante esta preocupante situación, ALEA se suma al pedido de FACALQA, CAOLAB y CAOLBA y continúa con las gestiones iniciadas ante los organismos públicos pertinentes en este tema. Asimismo, los organismos reguladores miembros de la Asociación se comprometen a impulsar su tratamiento ante las autoridades políticas de cada una de las jurisdicciones y ante sus representantes a nivel nacional.
