Ingreso a miembrosEn un encuentro estratégico para el fortalecimiento de las políticas de inclusión, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, y el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, encabezaron hoy la reunión del Consejo de Protectorado de la ONCE. Durante la jornada, se destacaron los significativos avances en materia de empleo y se anunciaron reformas normativas orientadas a consolidar los derechos de las personas con discapacidad.
Miguel Carballeda subrayó el compromiso histórico y futuro de la organización con la ciudadanía. Según los datos presentados sobre el cumplimiento del Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE (2022-2031), el Grupo Social ONCE ha logrado hitos cuantitativos fundamentales en los últimos tres años: la creación de 25.747 empleos para personas con discapacidad y la formación ocupacional de casi 60.000 personas.
“La ONCE ha abierto y sigue abriendo caminos para una sociedad mejor”, afirmó el ministro Bustinduy. En este contexto, el funcionario anunció una pronta reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo de este movimiento legislativo es situar la dignidad y la igualdad de oportunidades en el eje central de la agenda pública, garantizando una respuesta ágil a las necesidades del colectivo.
Uno de los puntos destacados de la reunión fue el impulso a la accesibilidad universal. Bustinduy adelantó la próxima aprobación de un Real Decreto sobre el etiquetado en Braille, una medida que busca fortalecer la autonomía y seguridad de las personas ciegas en actividades cotidianas. “La accesibilidad no es un lujo ni una concesión: es un derecho”, enfatizó el ministro tras visitar el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO) y el Museo Tiflológico.
El Consejo de Protectorado, órgano adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, cuenta con la participación de carteras clave como Hacienda, Interior, Trabajo y Educación. Este marco de colaboración garantiza la supervisión estatal de la actividad de la ONCE y funciona como un motor para la vertebración del Tercer Sector y la Economía Social en el país, modelos que sirven de referencia para la región iberoamericana.
