Ingreso a miembrosLa zona exclusiva “.bet.ar” ya cuenta con más de 30 registros válidos, un hecho que subraya el comienzo de una nueva etapa en la lucha contra el juego ilegal en Argentina. Y un paso adelante, en ese sentido, de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) junto a sus miembros.
El registro de los dominios en la zona especial “.bet.ar” es trascendente por los beneficios que conlleva para los sitios de juego oficial de nuestro país y aporta una herramienta para diferenciar ante el público apostador los sitios legales de los ilegales.
Su uso es exclusivo del sector dado que para ser titular de estos dominios es necesario ser un operador de juego online validado y autorizado por los organismos reguladores. La Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet del Estado Nacional administra la identificación de territorio “.ar” y generó este dominio específico para las páginas web de juegos de azar online legal. Cabe aclarar que la extensión proviene de la palabra en inglés “apuestas”.
¿Por qué es importante el registro en la zona “.bet.ar”?
En primer lugar, permite que el público diferencie la oferta de juego legal, aprobada por una lotería estatal, de la oferta de juego no autorizada.
A las loterías estatales de nuestro país les aporta una herramienta precisa para combatir el juego ilegal –que ha aumentado ampliamente en la pandemia–, a través de procedimientos de control e identificación de plataformas que operen fuera de la zona de dominio.
A los integrantes del ecosistema digital (empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación, sistema bancario, etc.), y cualquier otro stakeholder asociado directa o indirectamente a la industria, les permite identificar las operaciones autorizadas por el solo hecho de estar delimitados dentro de la zona de dominio “bet.ar”.
Sin dudas, los más de 30 dominios registrados significan un avance para la homogeneización de las páginas web de plataformas de juego online autorizadas por los organismos administradores y/o reguladores de juegos de azar y la identificación de los operadores y plataformas autorizados por los organismos reguladores de cada jurisdicción.
